La empresa Xe Services registró más de 30 compañías “fantasma” en paraísos fiscales para mantener contratos millonarios del gobierno. Esta empresa, antes conocida como Blackwater, se camuflaba de esta manera tras el ruido mediático y las presiones de grupos de derechos humanos por la masacre de 17 civiles iraquíes en 2007 a manos de cinco de sus empleados. A esta conclusión ha llegado el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, que investiga a los contratistas militares privados en Irak y Afganistán.
Al menos tres de esas compañías “fantasma” le consiguieron a Blackwater contratos de seguridad. Una de ellas, Greystone Limited, fue registrada en la isla de Barbados, como denunciaba desde hace meses el periodista Jeremy Scahill.
Entre su personal, esta empresa contaba con antiguos agentes de operaciones especiales, de defensa, de inteligencia y de la policía de varios países, “listos para ser desplegados en cualquier parte del mundo”. Los mercenarios de Greystone provenían de Filipinas, Chile, Nepal, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú, entre otros. El envío de antiguos militares chilenos (algunos habían servido durante los años de la dictadura) a Irak provocó un escándalo porque el país se había negado a apoyar la invasión y tiene prohibidas las actividades mercenarias en el extranjero.
Otra de las filiales, Paravant, obtuvo un contrato del Departamento de Defensa para entrenar al ejército afgano. El gobierno niega haber conocido en ese momento el vínculo entre esta compañía y Blackwater. Dos empleados de Paravant se enfrentan a acusaciones por el asesinato de dos civiles afganos. La presión internacional y del Congreso durante algunos años empieza a dar sus frutos.
A pesar de ello, la CIA acaba de conceder un contrato de 100 millones de dólares para que Blackwater proteja sus sedes en Afganistán, donde han tenido lugar centenares de secuestros de supuestos terroristas par ser enviados a Guantánamo, a Bagram o a cárceles secretas donde se han conocido casos de torturas. Leon Panetta, director de la CIA, justificaba el contrato con que la compañía ofreció el precio más bajo y que había rectificado en sus comportamientos.
Esto contradice otras investigaciones del Congreso que destapan de cobro fraudulento al gobierno de Estados Unidos y exageraciones en las partidas presupuestadas para sus servicios. Por eso, Blackwater alcanzó un acuerdo reciente con el Departamento de Estado para evitar un posible proceso judicial por fraude, la venta ilegal de armas a Afganistán y entrenamiento clandestino de policías y fuerzas armadas en Colombia y en Taiwán. Entre los contratos que se conocen con la CIA, con el Departamento de Estado y con el de Defensa, se calcula que Blackwater pudo haber cobrado hasta 2.000 millones de dólares. El Congreso investiga si la utilización de paraísos fiscales tenía como objeto y fin engañar al gobierno y mantener sus contratos.
Greystone, creado para aportar fuerzas multinacionales “ágiles”, sostenía que su trabajo aportaba a la libertad en el mundo y al mantenimiento de la paz. Una de las “ambiciones” de Blackwater consistía en crear una fuerza de brigadistas privados para zonas de conflicto o de catástrofes. Según la empresa, podían contar con fuerzas más ágiles por un coste muy inferior a las operaciones de la OTAN o de Naciones Unidas, y sin los mismos obstáculos políticos.
La utilización de filiales en paraísos fiscales le permitió a la compañía mantener un estrecho vínculo con la CIA durante años. Participaron juntos en secuestros, en operaciones clandestinas y en el transporte de detenidos que fueran sospechosos de participar en actividades terroristas.
El caso de Blackwater deja en evidencia dimensiones de los paraísos fiscales distintas a la de por sí grave lacra de evasión de impuestos que, en los países empobrecidos, triplica la cantidad de dinero obtenida en forma de “ayudas”. El secreto bancario con el que operan permite ocultar el origen del dinero y la naturaleza de la actividad “corporativa”.
Detrás de esa máscara se esconde dinero del crimen organizado, que mueve en el mundo entre 2 y 3 billones (trillions) de dólares. Si los paraísos fiscales son los motores del tráfico de drogas, de armas y de personas, como sostiene Naciones Unidas, y de “servicios” que atentan contra la paz, no se pueden dilatar más los esfuerzos internacionales para acabar con ellos.
La fuente: Carlos Miguélez Monroy es periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).
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