En esta época de recortes y ajustes, es cuando se hacen más evidentes las prioridades de los que nos dirigen. Una buena prueba de esto es lo que sucede con el gasto militar. Abrimos esta reflexión al hilo de la celebración el 30 de enero del Día de la Paz y la No Violencia, una conmemoración que se celebra con gran entusiasmo en los colegios, pero que pasa con gran indiferencia ciudadana en las calles.
Vivimos tiempos de ajustes en los que se ponen en cuestión servicios tan básicos para la sociedad como la sanidad, la educación o la protección social. Por eso, algunas cifras resultan escandalosas. Por ejemplo, el gasto militar en España en el año 2011 fue de 17.248 millones de euros, un 1,62% de nuestro PIB y un 4,76% de los Presupuestos Generales del Estado. Esto se traduce en un gasto de 47 millones al día en inversiones armamentísticas. Para poner en valor esta cifra, podemos apuntar los presupuestos de algunos ministerios: Sanidad y Política Social, 2.553 millones de euros; Educación, 2.797; o Justicia, 2.564.
Según los datos que facilitó el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez poco antes de dejar su cargo, la deuda que arrastra España por sus compromisos en gasto militar llega a los 36.000 millones de euros. Al firmar esos contratos con la industria armamentística, España aceptaba un escenario de pagos. La generación de esta deuda comenzó con el Gobierno de José María Aznar. Se pensó que España debía modificar su defensa, es decir, comprar nuevas y sofisticadas armas mediante unos programas de inversión (el avión de combate europeo Eurofighter, las fragatas de proyección y multiusos F100 y los carros de combate Leopard). Se trataba de reformar el ejército español para hacerlo más profesional y moderno. Para financiar este proyecto, se ingenió una original fórmula de pago: se comprometían diversos programas con las principales industrias militares, aplazando su entrega y su pago en el futuro.
Uno de los inconvenientes de esta fórmula reside en que los pagos nunca se vuelven obsoletos, las armas, sí. Es decir, para cuando se pactó la entrega del armamento, este ya quedaba viejo, por lo que había que planificar una nueva inversión. Sin embargo, las deudas se mantienen. Por otro lado, Defensa queda atada durante años a estos programas de inversión, sin margen de maniobra. Aznar impulsó esta política (el 51% de los actuales créditos) y Zapatero la continuó. Un círculo vicioso porque siempre habrá que volver a comprar armamento nuevo.
Lo más curioso de todo es que el actual ministro de Defensa era secretario de Estado de ese ministerio cuando comenzó esta peculiar política de renovación de nuestro ejército. Él era el encargado de las compras y de los contratos.
Ahora vuelve al Ministerio, esta vez como máximo responsable, por lo que será el encargado de buscar una salida a la abultada deuda. Él la creó y él la solucionará ¿Y a qué se dedicó Morenés mientras salía y entraba en el Ministerio de Defensa? Pues, entre otras cosas, a dirigir los destinos de la empresa MBDA, un emporio que construye misiles y demás armas. Pocas semanas antes de que Morenés volviera a Defensa, su empresa, MBDA, demandó al Estado español por daño emergente y lucro cesante, al haber renunciado a la fabricación de las dañinas bombas de racimo. MBDA exigía una indemnización de 40 millones de euros.
Fuente: Distrito 19, febrero 2012, Nº 149, página 8. www.distrito19.org
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